La división de Seguridad Vial de la Policía hace
operativos de motovehículos con la Dirección de Tránsito. Ayer se retuvo entre 150 y 250
unidades, como mínimo, y continuarán todo este mes. Aparentemente, la tarea se
montó por la muerte de la joven de apellido Leal, de 12 años, quien falleció el
lunes pasado al chocar con un poste en la costanera.
Walter Roldán, de espalda |
La policía, muchos llegaron de la Capital, retienen
hasta camionetas y autos. Las unidades se depositan en el pequeño predio de la
Unidad de Seguridad Ciudadana, excomisaría 40. El vecino cuenta con la
siguiente garantía: se debe especificar todos los detalles del rodado en el
acta de infracción. El instrumento servirá para accionar en caso de daños.
Sin embargo, la policía hace abuso de poder. Una
embarazada tenía una moto estacionada cerca del operativo; un efectivo se la
llevó; cuando la mujer lo vio, se acercó y le pidió el rodado. El uniformado
dijo que se trata de un operativo y pidió la llave. Ella se la entregó.
Si el rodado menor está parado, la policía no puede
llevarla, porque violaría la libertad para circular y la propiedad. Sin
embargo, el conductor debe contar siempre con la documentación.
La multa. La Municipalidad tiene un convenio con la Jefatura
de Policía; se reparte el 50% entre las partes por el cobro de las multas; sin
embargo, el Concejo Deliberante no sancionó –en 4 años- un régimen para
establecer el precio de la falta. Pero desde el Juzgado de Faltas se indica que
se cobra con el valor sugerido por la Ley nacional de Tránsito (24.449), que
fija entre un mínimo y un máximo.
En la gestión de exjuez Diego Nicolás Doglioli -2011-
se tipificó la falta y el importe a pagar, haciendo uso de las facultades
legislativas; por ejemplo, circular sin casco, $500. El Ejecutivo nunca hizo un
decreto para cobrar; los concejales no sancionaron una ordenanza para
especificar la contravención e incorporarla a la Ordenanza Tarifaria.
El clamor es de los vecinos. No se puede cobrar $500
por no usar casco, cuando un empleado gana $1.500. La Provincia y la ciudad
termal tienen el salario más bajo del país.
El precio de la contravención o falta debe ser
acorde al nivel de ingresos. La carga tributaria debe ser de acuerdo al salario
promedio; no de manera arbitraria y sin respaldo legal.
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