La estrategia es esperar hasta último momento.

El secretario de Economía, Pablo Luna, indicó que se enviará el presupuesto 2013, ejecutado 2012 y proyecto para modificar la Ordenanza Tarifaria al Concejo Deliberante. Sin embargo, el Ejecutivo debió girar el presupuesto el primero de abril al legislativo para su análisis; por lo que incumple el artículo 18 inciso 16 y el artículo 91 de la Carta Orgánica Municipal.

 

Pablo Luna.

Es el tercer año de la gestión de Miguel Mukdise y los presupuestos llegan de manera tardía. En 2011, los concejales aprobaron el presupuesto recién en diciembre, prácticamente los gastos se habían realizado; el presupuesto 2012 fue sancionado en febrero de este año; o sea fuera del ejercicio. 

Una fuente del Ejecutivo informó que está hecho el balance del ejercicio 2012, pero no se envía el informe al Concejo. La Secretaría de Economía tiene su hermetismo para difundir la situación económica y financiera del municipio; pero la comisión del Economía del Concejo no investiga con detalle los presupuestos y gastos de la Municipalidad; y aún no solicitó que se cumplan los artículos 18.16 y 91 de la Carta Orgánica.

En los ejercicios 2011 y  2012, el Ejecutivo solicitó al Concejo un tiempo de prórroga para enviar el presupuesto, pero este año no comunicó la situación a los ediles.

La estrategia es esperar hasta último momento. El Ejecutivo al enviar el presupuesto fuera de término incumple las disposiciones de la Carta Orgánica, se desvirtúa el gasto programado; y los concejales no sancionaron, hasta ahora, tal acción de la intendencia.  

Un exsecretario de Economía municipal indicó que se debe elevar el presupuesto 2013 en diciembre de 2012, de esta manera los ediles tienen tiempo para analizar la ordenanza y la Municipalidad tendría un presupuesto aprobado en abril de cada año. Esta práctica no se consolidó en el municipio.   

El presupuesto es un referente de la economía comunal, allí se debe indicar las prioridades del gasto y las acciones a desarrollar durante el ejercicio. Por ello resulta vital su análisis minucioso por parte de los concejales, quienes deben solicitar al Ejecutivo el cumplimiento de la normativa vigente.