Escándalo en sesión extraordinaria.
Llegó el día de ver de frente a la mano derecha del
intendente, Raúl Guillermo Lorenzo, en la sesión extraordinaria del jueves 7 de
septiembre, a las 18. El encuentro terminó en escándalo, la policía ingresó
para retirar a un concejal por pedido de la mayoría PJ. Al final se levantó la
asamblea con diez ediles; faltaron Jorge Leal y Ada Gramajo, miembros de la
primera minoría.
Otro escenario. La concejal peronista, Susana Graciela
Elías, se tomó la cabeza cuando vio a la policía en el recinto: “Yo me voy”,
gritó desde la banca, tal vez reaccionó ante la invasión de la fuerza en el
Concejo Deliberante, puesto que los ediles mocionan el retiro de sus pares y no
la seguridad pública.
Secretario
El bloque mayoritario pedía explicaciones al secretario
de Coordinación General, Raúl Lorenzo. El funcionario daba las respuestas, a
veces muy precisas y cortas; esto enfureció a la ala más dura del PJ: Sánchez y
Cajal; y la interpelación pasó a otro plano, porque comenzó otro debate: la
mayoría y la minoría. Se alzaron las voces, incluso hubo unos golpes.
Lorenzo debía dar las razones por no contestar 520
pedidos de informe –son casi dos años, entre comunicaciones y resoluciones, según
la denominación legislativa-; además, por el terreno del Basurero comunal,
entre otros puntos.
Día 2. Este viernes 8, el intendente Miguel Mukdise
repudió el “bochorno” de los concejales en sesión extraordinaria; y expresó:
“No están a la altura de la institución” legislativa.
“Los concejales quieren desestabilizarme; y esto viene
desde el 2010, cuando asumí en el Ejecutivo. El terreno del Basurero viene de
la anterior gestión –Luis Saleme (2006-2010)- y los fondos provienen de la
Nación; la Municipalidad pasa sólo informes”, resaltó el jefe comunal en
conferencia de prensa.
El diálogo entre el Ejecutivo y Concejo está cortado;
el intendente necesita ordenanzas para terminar su gestión en octubre de 2018(segundo
mandato): especialmente presupuestaria y tributaria. Sin embargo, la traba
legislativa puede agudizarse, salvo que intervenga la mano política provincial
para allanar el camino normativo y la estabilidad institucional.
El Concejo inició al Ejecutivo denuncia penal por
supuesto cobro indebido de “títulos”; sin embargo, el intendente dice que puede
cobrar hasta 15 sueldos del escalafón más bajo de la comuna y percibe sólo 7.
Este régimen lo fija la Carta Orgánica Municipal de 1992.
Mukdise inició una acción por injurias y calumnias
contra una concejal, porque lo trató de “ladrón”. Situación compleja. Acciones
judiciales en diferentes direcciones.
Resolución
Si el conflicto persiste terminará judializado y el
Superior Tribunal de Justicia, según lo plantea la Carta Orgánica Municipal,
debe dirimir las posiciones y trabas a la gestión de gobierno.
Honestidad. Para conciliar el diálogo institucional,
se necesita dos actitudes en las partes: reconocer los propios errores y
comunicar con sinceridad los planteos y objeciones.
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