Pasó un año. El día más triste para Gerardo Zamora.
Por Aldo Bravo
Hace un año exactamente la Corte Suprema de Justicia
de la Nación dictaba una medida cautelar por la cual suspendía las elecciones a
gobernador y vice de Santiago del Estero -22 de octubre- que debían realizarse
el 27 de octubre de 2013. Dicha medida judicial obedecía al hecho de que,
inconstitucionalmente, la jueza civil Andrea Suárez en primera instancia y el
Superior Tribunal de Justicia provincial, luego, habían dado luz verde a una
nueva candidatura del exgobernador Gerardo Zamora, la tercera en forma
consecutiva, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución
Provincial. Conocida la noticia, los partidos que integrábamos el Frente Amplio
por el Socialismo realizamos una presentación ante la Justicia Electoral
Nacional -tenía a su cargo todo el proceso electoral porque también se elegían
senadores y diputados nacionales- en la que solicitamos la suspensión de las
elecciones en todas las categorías que se había convocado haciendo hincapié en
que las boletas electorales que se utilizarían, y contenían las categorías de
gobernador y vice cuya elección había sido suspendida.
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| Gerardo Zamora, en el Senado. |
La presentación que hicimos fue rechazada sin más
trámite, por lo que decidimos hacer una marcha que finalizó frente a la Casa de
Gobierno, donde hicimos uso de la palabra para denunciar el atropello que iba a
consumarse pocos días después. Se votó de manera totalmente irregular e ilegal,
ya que la propia Corte Suprema sugería suspender los comicios -incluso
contrariando hasta el sentido común porque había una categoría de candidatos
que las autoridades de mesa no debían escrutar, ya que el Código Electoral
Nacional reza, entre otras disposiciones, “el voto no podrá contener elementos
extraños”. Por supuesto que las boletas electorales contenían una categoría
extraña que no se elegía, lo que entrañaba sin duda alguna una cuestión que
pudo haber devenido en la impugnación de los comicios. Es decir, nuevamente Santiago
del Estero era noticia por ser tierra arrasada en materia de respeto a las
normas electorales.
La idea de una sola fórmula se apoyaba en un breve
programa de puntos que hacían centro en el respeto irrestricto a las
instituciones republicanas, nuevamente violentadas desde el poder de turno. El
intento no cuajó porque varios actores que referencian a algunos partidos
opositores no estuvieron a la altura de lo que demandaba ese histórico momento
de la realidad santiagueña. No se comprendió que por primera vez, después de la
interminable noche juarista, aunque sea por la actuación de un órgano ajeno a
nuestra jurisdicción provincial, se establecía un freno al autoritarismo tan
característico en Santiago del Estero.
Un año después
El momento institucional que transcurre nuestra
provincia confirma todos los malos presagios que podían temerse a partir de los
hechos relatados. Inocultables fracturas en el frente que gobierna; obscena
utilización de cajas negras para financiar el clientelismo electoral y nulo
cumplimiento de las leyes que establecen espacios en televisión y radio, así
como aportes para la impresión de los votos; legisladores que sólo responden a
sus ambiciones personales; diputados electos por un sector político que cambian
de bloque sin ponerse colorados y mostrados como trofeos de guerra por sus
cooptadores; ausencias injustificables de las máximas autoridades de la Provincia;
evidente crecimiento patrimonial meteórico de grupos ligados a las gestiones
provinciales y municipales; militantes rentados que salen a pintar consignas
para un futuro lejano e incierto para la mayoría de los que habitamos este
territorio; gobernantes acusados públicamente de delitos privados; reaparición
de dinosaurios políticos que aprovechan el amontonamiento para ‘blanquearse’
nuevamente; campañas electorales pagadas con recursos públicos a candidatos de
utilería para dispersar el voto opositor; proliferación de sellos partidarios
alquilados al mejor postor por los paracaidistas que buscan una beca
legislativa o ejecutiva; intendentes y comisionados municipales que exigen
obsecuencia a sus representados para resolver algunos reclamos por asuntos de
la gestión; control absoluto de los medios de comunicación convertidos en boletines
oficiales al servicio del Gobierno y consecuente invisibilización de los
candidatos opositores; discriminación de la ayuda oficial a las instituciones
intermedias de acuerdo a su sujeción o no al poder de turno; aumento inusitado
de la inseguridad en todos los ámbitos lo que resulta potenciado por la falta
de profesionalismo de las fuerzas encargadas de combatir el delito, entre otras
cosas.
A todas estas situaciones se suma: la caída
estrepitosa de los salarios reales ubicados entre los más bajos del país;
altísimo desempleo juvenil que condiciona severamente la posibilidad de un
presente y un futuro cierto para miles de ellos; imparable éxodo desde vastas
zonas de la geografía provincial por falta de oportunidades laborales; falta de
obras de infraestructura vial para satisfacer el crecimiento geométrico del
parque vehicular con el dramático incremento de muertos y lisiados por
accidentes de tránsito; tráfico de influencias en las reparticiones que manejan
temas sensibles como la adjudicación de viviendas, etc.
Por supuesto, sabemos que muchas de estas
asignaturas pendientes no se pueden achacar solamente a la gestión provincial
de la última década. Sin embargo, estamos convencidos que nuestra provincia ha
recibido cuantiosos fondos nacionales que fueron destinados a obras públicas
que no eran prioritarias para generar lo que debe ser el objetivo principal de
un gobierno democrático, es decir, administrar para que todos tengan acceso a
los bienes y servicios básicos que dignifican a las personas. En otras
palabras, asumir el desafío de democratizar la salud, la educación y la
cultura, la vivienda familiar, el derecho a la propiedad de sus posesiones
ancestrales, un ambiente sin contaminación y la protección de los recursos
naturales, por ejemplo.
Pregunto: ¿En qué medida aporta a satisfacer estas
demandas la construcción de torres gigantescas que aumentan la concentración
peatonal y vehicular? Esto colapsa los servicios ya deficientes desde hace
tiempo; un autódromo y un aeropuerto en Las Termas de Río Hondo; un paseo
ferroviario que arrasó con una reserva autóctona como el Jardín Botánico; moles
de cemento, y hospitales carentes de insumos básicos y profesionales bien
remunerados; gastos millonarios en pirotecnia y contratación de faranduleros en
forma permanente durante todo el año.
En conclusión, lejos de haber encaminado hacia una
salida de los grandes temas irresueltos de la agenda provincial, se ha dejado
pasar una gran oportunidad para empezar a edificar un nuevo Santiago con
justicia social y democracia plena. Por ello resulta imprescindible la
participación de nuevos actores que contribuyan a oxigenar la vida pública
recuperando la ética como elemento indispensable para soñar con un destino que
dé cabida a todos nuestros comprovincianos.
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