Análisis. Propósito de interpelar.
Los ediles se decidieron a interpelar al intendente Miguel
Mukdise, ya que la Carta Orgánica Municipal (COM) los habilita, pero desde el
Ejecutivo hubo una respuesta negativa.
Mukdise cumplirá en octubre 6 años en el gobierno local, porque
fue reelecto en 2014. Y los concejales tienen casi 2 años de gestión y, recién
ahora, se animaron a la interpelación, una medida para cuestionar y presionar,
aunque el intendente tendrá, de antemano, un esquema de las preguntas.
La medida de los concejales tiene 2 posiciones. Una, lo institucional.
El Concejo está obligado a controlar el gasto y, según ellos, el Ejecutivo no
contesta los pedidos de información económica. Segundo, la mano política,
aunque es obvio porque tienen signos partidarios diferentes y la puja del poder
es constante.
La pelea por el poder es una imagen para los medios de
comunicación, porque por detrás surgen aprietes y la cadena de beneficios siempre
aparece. Y cuando los problemas no se resuelven, el Ejecutivo llama al Gobierno
provincial para mediar la situación. Se calma el conflicto y se vuelve a foja
cero.
La interpelación es una medida excepcional para sentar al
intendente en el Concejo, porque se agotó el diálogo, el pedido de informes;
por ello podrán solicitar explicaciones y datos para conocer cómo gasta la
administración. Según la COM, se puede invitar hasta 3 veces consecutivas y
después solicitar la acción de la policía.
Si se llega al extremo de utilizar la fuerza, los vecinos
presenciarán un espectáculo de alto voltaje. En gestiones anteriores, en el
caso de Luis Ceres, fue llamado a interpelación, varias veces, pero el bloque
mayoritario era peronista, coincidían las ideologías y todo quedaba dentro de un mero cumplimiento normativo. Por lo tanto,
si Mukdise asiste al recinto, será un antecedente institucional histórico.
Invisibilidad. Si el vecino hace un esfuerzo para superar la
puja discursiva y legal, podrá notar que la Municipalidad tiene una debilidad
institucional muy clara y asombrosa. Porque los puestos en el Concejo, los
ediles, muchos no están formados ni entrenados para controlar al complejo sistema
administrativo, con sus trabas y mañas construidas históricamente. Y se debe
sumar que el Jurado de Enjuiciamiento no está plenamente constituido; es decir,
habrá problemas para iniciar el juicio político.
Por otro lado, el presupuesto 2016 no fue presentado, hubo
problemas, y esto es más grave que la pelea entre el intendente y los 8 de 12
ediles. Porque para gastar, primero debe existir una autorización legal –la ordenanza
presupuesto-.
Lo político y lo institucional no siempre van juntos, porque
las instituciones están quebradas, y la política responde al líder de turno.
Sin embargo, existe una esperanza: cuando la crisis golpea la puerta puede ser signo
de cambio.
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